El sector de la construcción recibe al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella con una realidad que no admite eufemismos. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), las iniciaciones de vivienda cayeron 40,7% en los últimos doce meses a febrero de 2026, los lanzamientos disminuyeron 11,6% y la oferta registró una caída del 1,4%. No es una desaceleración menor. Es una señal de que el entorno exige cambios estructurales, y que las empresas del sector deben estar listas para operar en cualquier escenario.
Con de la Espriella como presidente electo y José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, como vicepresidente, Colombia abre un nuevo ciclo de gobierno. Más allá de las propuestas de campaña, Camacol ya presentó una hoja de ruta con lo que el sector necesita para los próximos cuatro años: “A través de la vivienda podemos unir regiones, generar oportunidades de inversión y de empleo, pero sobre todo de acceso a una vivienda para las familias menos afortunadas del país”, afirmó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo.
Lo que el sector ya puso sobre la mesa
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) no esperó al nuevo gobierno para presentar condiciones, sus propuestas ya circulan entre los candidatos y tienen nombre propio. La más urgente es la reactivación de Mi Casa Ya en una versión renovada, con menor costo fiscal y mayor cobertura, como condición mínima para detener una crisis habitacional que hoy excluye a millones de familias del acceso a la vivienda formal.
El panorama detrás de esa exigencia es contundente, con el programa Mi Casa Ya suspendido para nuevas postulaciones desde diciembre de 2024 y el presupuesto de Fonvivienda recortado un 34% para 2026, cerca de 787.000 hogares quedaron excluidos del acceso a vivienda VIP, y 538.000 adicionales del acceso a VIS.
Tres frentes que definen el horizonte
Vivienda | Los puntos de convergencia en la agenda pública incluyen el reconocimiento de la desaceleración del sector, la necesidad de ampliar la oferta para reducir el déficit habitacional, la reactivación de subsidios, el fortalecimiento de la vivienda rural y el reconocimiento del arriendo social como política pública. En otras palabras: hay consenso en el diagnóstico. Lo que cambia es cómo se financia y a quién se prioriza.
Infraestructura | Varias propuestas apuntan a desarrollar proyectos de infraestructura e impulsar iniciativas privadas en los modos vial, férreo, aéreo y fluvial. Para las empresas que operan en concesiones, vías terciarias o infraestructura pública, esto significa que el flujo de proyectos podría reactivarse, pero también que la presión por eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo va a aumentar.
Inversión privada | El nuevo gobierno ha hablado de seguridad jurídica, estabilidad tributaria y reducción de trámites. Para el sector constructor, eso se traduce en una pregunta práctica: ¿Está mi operación lista para escalar cuando el entorno mejore?
La pregunta que no depende del gobierno
Hay algo que ninguna política pública resuelve desde afuera, la capacidad interna de una empresa para gestionar proyectos simultáneos, controlar costos en tiempo real, generar reportes confiables y adaptarse rápido a cambios de entorno.
Cuando el mercado se contrae, las empresas que sobreviven son las que tienen visibilidad total de su operación. Cuando el mercado se reactiva, las que crecen son las que ya tienen los procesos listos para escalar sin caos.
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